Por Guillermo Gallardo
Recuerdo uno de los primeros libros que me recomendó un profesor en la clase de Laboratorio de Toma de Decisiones, en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Lo citaba una y otra vez, como si de cada capítulo surgiera un axioma.
Aquel gran maestro hablaba del análisis de políticas públicas no desde una mirada idealista, ni mucho menos romántica, sino desde la crudeza de lo real. Recalcaba la enorme importancia que tiene, para un asesor o un analista político, pensar siempre en el peor escenario posible. No se refería a elucubrar ni a conspirar sin evidencia, sino a desarrollar lo que en el ámbito gubernamental se conoce como modelo de anticipación interna: la capacidad institucional de prever problemáticas antes de que se conviertan en crisis.
En aquella clase, el texto de referencia era ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson. Más allá de su enfoque global, el libro planteaba algo que sigue siendo vigente para los gobiernos locales: la importancia de construir instituciones que funcionen, que aprendan y que no dependan exclusivamente de coyunturas o personas.
Los municipios, en este sentido, enfrentan retos similares ,pero a escala local: cómo garantizar la continuidad administrativa, fortalecer la planeación y construir gobiernos con capacidad técnica y visión de largo plazo.
Fortalecimiento institucional
Durante años se ha explicado ese fracaso desde causas culturales o estigmas sociales. Sin embargo, en las últimas décadas la atención se ha desplazado hacia las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Ejemplo de ello es el trabajo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), que ha impulsado la homologación de programas, reglamentos y sistemas de evaluación del desempeño. Son pasos importantes hacia una gestión estratégica más sólida, aunque insuficientes frente al rezago normativo y administrativo que aún persiste.
Profesionalización del servicio público local
De acuerdo con datos del INAFED, más del 60% de los funcionarios municipales carece de formación en gestión pública. Este dato refleja una de las principales barreras para la modernización institucional. Al conocerlo, recordé la célebre frase del senador neoyorquino William L. Marcy, quien en 1832 acuñó la expresión: “Al vencedor le pertenece el botín.” Con ella defendía los nombramientos de aliados políticos tras las elecciones, práctica que Max Weber más tarde conceptualizaría como el “sistema de botín” (spoils system). En otras palabras, quien gana una elección no solo obtiene el cargo, sino también el derecho , de facto, a repartir secretarías y direcciones entre sus operadores políticos.
Esa práctica alcanzó su punto crítico con el asesinato del presidente James A. Garfield en 1881, a manos de un aspirante frustrado a un puesto público. Y aunque el episodio parezca lejano, México sigue arrastrando vestigios de ese patrimonialismo político. En muchos municipios y gobiernos de distintos niveles, el acceso a cargos aún depende de la cantidad de folletos que se reparten en campaña y no del conocimiento o la preparación técnica. La política, por supuesto, se construye en el territorio y en contacto con la gente y eso es valioso, pero también debe ejercerse con idoneidad, ética y competencia profesional.
Mientras el mérito político pese más que la capacidad técnica, el servicio público local seguirá atrapado en un sistema de lealtades partidistas que obstaculiza los resultados. El reto no es solo capacitar, sino institucionalizar servicios civiles de carrera que premien la eficacia y la integridad.
Autonomía financiera y dependencia del presupuesto federal
Otro gran obstáculo es la dependencia estructural de los municipios respecto al presupuesto federal. De acuerdo con el INEGI, los recursos provenientes de los ramos 28 y 33 correspondiente a las participaciones y aportaciones federales, representan en promedio el 80% de los ingresos municipales. Esta situación limita su autonomía y convierte a los gobiernos locales en simples ejecutores del gasto central.
Paradójicamente, el municipio es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, pero también el que enfrenta mayores resistencias cuando busca fortalecer su recaudación. Impuestos como el predial o derechos como el cobro de piso impactan directamente en el bolsillo de la población, lo que genera costos políticos difíciles de asumir.
Debe reconocerse, no obstante, el esfuerzo de algunos gobiernos que han condonado multas o recargos como medida emergente ante contextos adversos. Son gestos de sensibilidad social, siempre que no comprometan la sostenibilidad financiera ni generen deuda a futuro.
Sin embargo, la alta dependencia del presupuesto federal sigue negando la verdadera autonomía municipal, en contradicción con el espíritu del artículo 115 constitucional, que concibe al municipio como un orden de gobierno libre y con hacienda propia. Mientras esta brecha persista, el municipio seguirá siendo un actor subordinado dentro del federalismo mexicano: más ejecutor que diseñador de su propio destino.
PLANEACIÓN URBANA Y VISIÓN A LARGO PLAZO
Aunque no es una facultad exclusiva, en las obras más relevantes que impactan la urbanización y la movilidad de las ciudades, el municipio funge como el actor principal. Es quien concilia con los distintos grupos sociales, empresariales o vecinales , ya sea a favor o en contra, y quien aprueba las decisiones clave, tanto en términos operativos como de gestión, para que los proyectos puedan concretarse.
Sin embargo, el factor partidista continúa siendo determinante para la continuidad o interrupción de las políticas públicas y los proyectos de desarrollo urbano. Esto ha sido ampliamente abordado por los estudiosos del análisis político contemporáneo a través de la teoría del equilibrio puntuado, la cual plantea que las decisiones públicas no evolucionan gradualmente, sino que alternan periodos de estabilidad con cambios abruptos.
En los gobiernos municipales, este “puntualísimo” se traduce en la falta de continuidad institucional. Cada administración suele iniciar desde cero, desechando o rediseñando proyectos según intereses políticos o de reconocimiento electoral, más que por criterios técnicos o de planeación estratégica.
Esta discontinuidad debilita la visión a largo plazo y condena a los municipios a un ciclo de improvisación permanente.
Reflexiones finales.
Los municipios enfrentan retos estructurales que explican gran parte de su fragilidad institucional: la dependencia presupuestal, la falta de profesionalización, el rezago administrativo y la ausencia de planeación a largo plazo.
Existen factores variados que inciden en el fracaso de los gobiernos en general y en todos los niveles: Como la corrupción y la falta de una agenda que la combata eficazmente, la escasa transparencia y los débiles canales de comunicación entre la sociedad y el gobierno; sin embargo, el fracaso más evidente y persistente en los municipios se relaciona con las variables antes mencionadas: la escasez presupuestal, la facilidad con la que los funcionarios públicos municipales acceden a puestos clave sin la preparación necesaria, la falta de visión a largo plazo y la ineficacia en materia de planeación estratégica y seguimiento del gasto público.
Fortalecer nuestros municipios no solo implica transferir más recursos, sino construir gobiernos locales capaces de planear, ejecutar y rendir cuentas con autonomía. El desafío no está en cambiar de partido, sino en transformar la lógica del poder: pasar de la política del corto plazo a una gestión basada en resultados, continuidad y profesionalismo.
Solo así los municipios dejarán de ser el punto débil del federalismo mexicano para convertirse en verdaderos motores del desarrollo local y democrático.
