Por Juan Antonio Flores Torres
Dicen que el cenzontle puede imitar el canto de decenas de aves. En la política mexicana ocurre algo parecido: cuando uno habla, el resto repite el mismo estribillo. Cambian los rostros, cambian los cargos, cambian las conferencias, pero la melodía permanece intacta: “todo va bien”, “vamos mejor que antes”, “la transformación avanza”. Curiosamente, el único que nunca aparece en el coro es el ciudadano que debe regresar temprano a casa porque la noche dejó de pertenecer al Estado.
Mientras tanto, México dejó de contar los días de paz y comenzó a contar conferencias de prensa. Cada homicidio tiene una explicación estadística; cada desaparición, un boletín; cada crisis, un enemigo imaginario al cual culpar. La realidad se convirtió en el único adversario que el gobierno no ha podido derrotar. Y como suele ocurrir cuando los hechos contradicen el discurso, la solución parece consistir en subir el volumen del micrófono, no en resolver el problema.
Hace unos días, el cenzontle cambió de repertorio. Los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dejaron de ser un asunto local para convertirse en una discusión nacional. La propia mandataria reconoció la autenticidad de la conversación, aunque ofreció su explicación sobre el contexto de la misma. Y ahí comenzó el verdadero problema: no el audio, sino las preguntas que dejó flotando en el aire.
Porque la política tiene una regla inquebrantable: cuando las explicaciones generan más interrogantes que certezas, la narrativa deja de controlar la conversación. ¿En qué momento el discurso de la soberanía absoluta dio paso a un lenguaje de cooperación con las autoridades estadounidenses? ¿Se trata de un cambio de estrategia, de una necesidad institucional o simplemente de una conversación sacada de contexto? Las respuestas corresponden a las autoridades; las preguntas pertenecen a los ciudadanos.
El contexto tampoco ayuda. Primero, la revocación de las visas estadounidenses de Marina del Pilar y de su esposo. Después, las versiones periodísticas sobre investigaciones y el escrutinio de su patrimonio. Más tarde, la aparición de los audios. Ninguno de esos episodios, por sí solo, acredita una responsabilidad jurídica. Pero juntos dibujan un escenario político que un gobierno que hizo de la honestidad su principal estandarte simplemente no pueden ignorar.
Pero quizá el mayor error del oficialismo ha sido creer que la confianza puede administrarse como si fuera un programa social. La confianza no se decreta desde una conferencia matutina, no se construye con comunicados de prensa y mucho menos con llamados a creer ciegamente en la palabra del poder. La confianza se gana con resultados, con transparencia y con instituciones capaces de responder incluso cuando las preguntas resultan incómodas.
El problema para la Cuarta Transformación no es que exista una conversación polémica. En toda democracia madura los gobiernos enfrentan filtraciones, críticas y escándalos. El verdadero problema aparece cuando esos episodios encuentran un país donde la violencia se ha vuelto cotidiana, donde el crimen organizado continúa disputando territorios y donde millones de mexicanos perciben que el Estado ha perdido la iniciativa frente a la delincuencia.
Durante años se repitió que la estrategia de “abrazos, no balazos” devolvería la paz al país. Hoy la realidad parece responder con un sarcasmo mucho más cruel que cualquier columna de opinión. Los grupos criminales no leen discursos, no asisten a conferencias de prensa y, desde luego, no modifican su conducta porque un gobierno insista en que la transformación avanza. La seguridad pública no se mide por la cantidad de mensajes optimistas, sino por la tranquilidad con la que una madre deja salir a sus hijos o un comerciante abre su negocio.
Por eso los audios no pueden analizarse de forma aislada. Llega un momento en que la credibilidad gubernamental enfrenta uno de sus mayores desafíos. Cuando un gobierno promete ser moralmente distinto, el estándar con el que será juzgado también es distinto. La vara la colocó el propio movimiento cuando afirmó que había llegado para desterrar las viejas prácticas de la vida pública.
No corresponde a un articulista sustituir el trabajo de las autoridades ni dictar sentencias desde una columna. Pero sí corresponde exigir investigaciones serias, transparentes y oportunas. Porque una democracia no se fortalece ocultando las preguntas, sino respondiéndolas con hechos verificables. La legitimidad política no sobrevive únicamente a base de narrativas; necesita instituciones que inspiren confianza.
Quizá por eso el cenzontle sigue cantando. No porque su melodía sea nueva, sino porque el bosque aprendió a desconfiar del silencio. Y cuando un gobierno deja de convencer con respuestas, cualquier pregunta termina haciendo mucho más ruido que el discurso oficial.
