Por Luis Ángel Guatimea.
En las últimas décadas, Venezuela ha enfrentado una fuerte lucha para recuperar su democracia, en un sistema político evidenciado por la concentración de poder y la supresión de las libertades, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. La ausencia de un sistema electoral transparente, el debilitamiento y dominio de las instituciones democráticas y la represión de la oposición han amedrentado la participación ciudadana y minado el respeto por los derechos humanos, y hasta hace unos meses, había tenido apagada la esperanza de las y los venezolanos.
El pasado domingo, Venezuela vivió un proceso electoral marcado por numerosas intervenciones, actos ilegales, delitos electorales, persecuciones políticas y amedrentamiento por parte del régimen. A pesar de estas adversidades, el candidato opositor Edmundo González Urrutia resultó victorioso con un contundente apoyo mayoritario. González Urrutia, un diplomático jubilado que fue postulado como candidato presidencial gracias al respaldo de la lideresa de la oposición María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar y logró endosar su liderazgo y simpatizantes a Edmundo.
Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, en su conocido desprecio por la libertad democrática, se ha negado a aceptar la derrota, respaldado por un órgano electoral completamente parcial a su favor. Lo que es aún más alarmante es que Maduro ha prometido un baño de sangre y ya ha comenzado a cumplir su amenaza con una brutal represión contra aquellos que se atreven a alzar su voz en defensa de la democracia.
En las últimas horas se han manifestado distintas voces, como la del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) la captura de los principales responsables de estos crímenes, incluyendo a Maduro.
En este contexto, la reciente votación del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la resolución que condena el fraude electoral en Venezuela resultó en un fracaso. La resolución no logró los 18 votos necesarios para ser aprobada debido a la abstención de Brasil y Colombia, y la ausencia de México. Esta falta de acción es inaceptable y revela una complicidad silenciosa con el régimen de Maduro. La abstención y la ausencia en momentos críticos no son solo decisiones diplomáticas; son actos de cobardía que muestran una falta de voluntad para defender la democracia y los derechos humanos. Al abstenerse o ausentarse, estos países han enviado un contundente mensaje al sistema internacional de que no están dispuestos a enfrentarse a los dictadores que oprimen a sus pueblos.
Particularmente, la actuación de México es vergonzosa. La ausencia del representante de México ante la OEA, Luz Elena Baños, así como la inacción de la canciller Alicia Bárcena y el presidente López Obrador, son muestras de una traición a los principios democráticos que México siempre ha defendido. Esta actitud no solo los hace cómplices de la represión en Venezuela, sino que también socava nuestra credibilidad y liderazgo en la región. Pasamos de ser referentes en política exterior, a ser un chiste.
Es urgente que México rectifique su postura y se una a los esfuerzos internacionales para condenar el fraude electoral en Venezuela. No podemos permitir que la historia nos juzgue como espectadores pasivos y hasta cómplices en un momento tan crucial. Debemos alzar la voz y actuar con firmeza en defensa de la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las personas en nuestra región.
La indiferencia y la inacción no son opciones. Es hora de que México y toda la comunidad internacional tomen una postura firme contra la tiranía y en favor de un futuro democrático para Venezuela y toda América Latina.
