Por Miroslava Escobedo.
Es un hecho que el sector salud mexicano tiene décadas rebasado por la excesiva demanda de asistencias que día a día solicitan las y los mexicanos, conocida es la incapacidad de brindar servicios de calidad, eficientes y accesibles para todos, no cuestionamos ni la preparación, habilidades y conocimientos del persona médico, quienes han tenido que enfrentarse a batallas cada vez más desafiantes con los pocos recursos otorgados, así como falta de medicamentos e infraestructura.
En México según datos del INEGI, las causas de mortalidad que encabezan la lista son las enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, insuficiencia renal, enfermedades del hígado y cerebrovasculares, todas ellas implican para los pacientes un fuerte gasto para su atención, los cuales en muchos de los casos no tienen otra opción más que acudir a los servicios públicos de salud.
Por esbozar un ejemplo, el costo anual promedio en el sector público para el tratamiento de un individuo en hemodiálisis es de $158, 954 .00 pesos haciendo evidente la limitada disponibilidad de recursos y por ende insuficiente la atención médica a todas las personas que lo requieran, hoy estamos ante un gran problema derivado de la posible cancelación de 34 Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, que impactarán directamente en la prevención, diagnóstico, y tratamiento de enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, cancer de próstata, mama y cervicouterino, así como de salud mental.
Recordemos que una Norma Oficial Mexicana (NOM) es una regulación complementaria expedida por dependencias competentes en este caso, la Secretaría de Salud, a partir de las cuales se establecen las características que deben reunir los procesos o servicios, así como una serie de mínimos necesarios, si bien es ciertos estas deben ser revisadas cada cinco años eso no justifica su cancelación, dejando a la deriva a millones de pacientes que gracias a estas reglas pueden acceder a tratamientos que de otra forma serían impagables, además de eliminar protocolos específicos de atención referentes a la profesionalización, control y calidad de los servicios.
La salud es un derecho fundamental, que sí o sí debe ser garantizado por el Estado Mexicano, eliminar disposiciones como las mencionada es un retroceso al desarrollo progresivo de este derecho humano, y por tanto potencia violaciones al mismo aumentando el riesgo sanitario, en todo caso si lo que se busca es optimizar los recursos y la atención entonces que se revisen bajo la lupa, y que se perfeccionen adaptándose a las necesidades actuales y así construir un mejor servicio de salud pública, el objetivo es uno, un estado completo de bienestar.
Pues bien, la moneda está en el aire, tal como el derecho a la salud de confirmarse esta decisión.
