Por Nathalia Aguilar
En México celebramos la publicación de la Ley General de Economía Circular, y sí, es un paso importante. Pero antes de aplaudir sin matices, vale la pena hacernos una pregunta incómoda: ¿Qué aprendimos todos estos años con los plásticos “biodegradables”?
En 2020, cuando estados como Sinaloa aprobaron leyes anti plásticos, la intención era clara: reducir la contaminación por productos de un solo uso. El mensaje también lo era: el modelo de usar y tirar ya no funciona. Sin embargo, la respuesta de muchas empresas no fue cambiar el sistema, sino cambiar el discurso.
A muchos plásticos se les agregan aditivos para que se fragmentaron más rápido y así poder llamarlos “biodegradables”. Pero romperse no es desaparecer. Esos materiales no se convirtieron en tierra ni en abono; se convirtieron en microplásticos que hoy están en el agua, en el suelo y en lo que comemos. El problema no se resolvió, solo se volvió invisible.
La raíz de todo fue un vacío legal. Las leyes no definían con claridad qué significaba realmente “biodegradable”, y cuando la ley es ambigua, el mercado hace lo que mejor sabe hacer: aprovecharse. Durante años se vendieron productos con etiquetas verdes que siguen contaminando, solo que en pedazos más pequeños.
Ahí es donde la nueva Ley General de Economía Circular cobra sentido. Esta ley cambia la pregunta central. Ya no se trata solo de si un material se rompe, sino de qué pasa con él después de usarse. ¿Se puede reutilizar? ¿Se recicla de verdad? ¿O termina siendo basura, aunque tenga un empaque “eco”?
La economía circular plantea algo sencillo pero potente:
si un material no puede volver al sistema sin contaminar, no es una solución, por más sustentable que se anuncie.
Esto también nos obliga a revisar el papel de la educación ambiental. Durante años nos dijeron que pagar la bolsa en el súper, elegir el popote de cartón o comprar la versión “verde” era suficiente. Y no. El problema nunca fue el popote. El problema fue un sistema diseñado para producir desechos desde el origen y luego maquillarlos de responsabilidad ambiental.
Claro, la ley por sí sola no lo arregla todo. Sin reglas claras, vigilancia y consecuencias reales, el greenwashing seguirá buscando nuevas palabras para colarse. Pero al menos ahora ya no debería ser tan fácil fingir.
La Ley General de Economía Circular llega después de muchos errores, pero también después de mucha experiencia colectiva. Hoy sabemos que no basta con cambiarle el nombre al problema. Si de verdad queremos hablar de soluciones, tenemos que dejar de disfrazar la basura y empezar a cambiar el modelo.
Porque lo “biodegradable” sin regulación no salvó al ambiente.
Y la economía circular solo funcionará si dejamos de aplaudir etiquetas y empezamos a exigir transformaciones reales.
