Por Natalia Aguilar
La historia del agua entre México y Estados Unidos tiene raíces profundas. En 1944, en plena posguerra y bajo una lógica de cooperación internacional, ambos países firmaron un tratado para el uso conjunto de las aguas de los ríos internacionales que comparten. El acuerdo buscaba garantizar el abastecimiento mutuo, preservar la buena vecindad y fomentar el desarrollo regional. A cambio de recibir agua del río Colorado, México se comprometía a entregar 1,850 millones de metros cúbicos cada cinco años desde los afluentes del Río Bravo: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado. Lo que entonces se pensó como un acto de diplomacia hidráulica, hoy se ha convertido en una fuente de tensión y desigualdad.
México enfrenta una presión creciente: entregar agua a Estados Unidos mientras sus propias cuencas se secan. A finales de abril de 2025, la deuda con EE. UU. supera los 600 millones de metros cúbicos, y la próxima fecha límite está cada vez más cerca: octubre de 2025. Si no se cumple, el país podría enfrentar sanciones diplomáticas y económicas.
Pero esta crisis es mucho más que una disputa internacional. Mientras se negocia agua para cumplir tratados, miles de personas en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León carecen de agua potable diariamente. En ciudades como Monterrey, se han impuesto restricciones y tandeos, y las comunidades rurales sobreviven con pipas, cuando llegan.
Y aunque el país atraviesa la peor sequía en más de una década, con más del 83% del territorio nacional enfrentando algún grado de sequía según el Monitor de Sequía de Conagua (abril 2025), la presión diplomática para pagar la deuda persiste.
Las presas clave para cumplir el tratado están en niveles críticos:
- Presa La Amistad: menos del 20% de su capacidad.
- Presa Falcón: en mínimos históricos, con solo un 9% de almacenamiento útil.
Aun así, el agua continúa destinándose a monocultivos de exportación como la nuez, que consume más de 7,000 litros de agua por cada kilo producido, mientras las comunidades se quedan sin una gota.
La contradicción es brutal: se exige a México entregar agua en un contexto de colapso hídrico, mientras no se regula adecuadamente a las industrias agrícolas ni se prioriza el uso humano.
¿Quién decide a quién se le entrega el agua cuando no alcanza? ¿El tratado, el poder económico, o la ética?
¿Soberanía o subordinación?
La presión del gobierno de Estados Unidos no es menor. Exige el cumplimiento del tratado con base en reglas claras. Pero en México, ni siquiera hay claridad sobre quién debe ceder el agua: si el gobierno federal o los estados. Lo cierto es que los costos los pagan las comunidades, y los beneficios se quedan en manos de grandes productores.
Además, muchas de las zonas agrícolas del norte del país están dominadas por cultivos altamente demandantes de agua, como la nuez, el algodón y la alfalfa.
Y no olvidemos la otra cara de la sequía: la contaminación y acaparamiento de fuentes hídricas por parte de grupos empresariales protegidos por el poder local, lo que agrava aún más el acceso al agua en comunidades vulnerables.
No es solo clima: es política
Esta no es solo una sequía climática. Es una sequía institucional. Una falta de voluntad para replantear un modelo de producción y diplomacia que no prioriza la vida.
¿De qué sirve tener tratados si los pueblos no tienen agua? ¿Qué tipo de justicia es esa que asegura la entrega al extranjero pero no al interior?
México necesita urgentemente una reforma hídrica integral, que revise no solo el tratado, sino el uso agrícola, industrial y urbano del agua. Y que ponga en el centro a las personas, no a los intereses. Porque el agua no se negocia. Se protege
