Por: Natalia Aguilar
En Navolato, Sinaloa, el manglar es más que un paisaje: es una barrera natural contra huracanes, un hábitat para especies protegidas y una fuente de vida para las comunidades costeras. Y sin embargo, en pleno 2025, sigue siendo tratado como un obstáculo para el concreto.
En días recientes, habitantes y defensores del territorio han documentado la destrucción de manglar en la zona conocida como Islas Cortés, en Nuevo Altata, donde maquinaria pesada ha comenzado a desmontar vegetación costera para abrir paso a un fraccionamiento turístico. Lo alarmante no es solo el ecocidio en sí, sino la forma descarada en la que se está llevando a cabo: no existen permisos municipales, ni licencias de construcción. Todo al margen de la ley y de espaldas a la comunidad.
La zona afectada forma parte de un ecosistema de humedales que alberga al menos cuatro especies de mangle protegidas en México: Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y Conocarpus erectus. Además, en estas áreas suelen anidar aves migratorias y especies de crustáceos esenciales para la pesca ribereña. Cada hectárea de manglar puede almacenar hasta 1,000 toneladas de carbono, lo que los convierte en aliados clave en la lucha contra el cambio climático.
El artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre es contundente: “queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del mangle, salvo autorización expresa emitida por la SEMARNAT”. Aquí no hay excepción, solo violación directa a la ley.
¿Y quién está detrás? Aunque el proyecto opera sin permisos visibles, el terreno ha sido promocionado por empresas inmobiliarias como una “zona exclusiva frente al mar”. Es evidente que hay intereses económicos fuertes respaldando la destrucción, mientras las autoridades municipales de Navolato y estatales guardan silencio. ¿Dónde está la PROFEPA? ¿Dónde SEMARNAT?
Este caso no es aislado. En Ceuta, Mazatlán, y en comunidades como La Puntilla, hemos visto el mismo patrón: capital turístico disfrazado de desarrollo, apropiación del territorio y una naturaleza relegada a escombros.
Y no se trata solo de árboles. Si permitimos que estos fraccionamientos avancen, se pone en riesgo la biodiversidad, la seguridad costera, y el sustento de las comunidades pesqueras. El desmonte del manglar expone a Nuevo Altata a inundaciones más intensas, acelera la pérdida de fauna y rompe el equilibrio ecológico de toda la región.
¿Vale más un desarrollo turístico mal planeado que la vida que sostienen estos ecosistemas?
¿Cuántos manglares más deben desaparecer antes de que empecemos a defender lo que nos da vida?
- Desde la sociedad civil podemos:
- Pedir la suspensión inmediata del proyecto en Islas Cortés.
- Una inspección urgente por parte de PROFEPA y SEMARNAT.
- Sanciones ejemplares para quienes violan la legislación ambiental.
- Y que se garantice la participación comunitaria en la defensa del manglar.
El manglar no tiene voz, pero nosotros sí.
Destruir manglar no es solo un daño ambiental; es poner en riesgo nuestra seguridad, biodiversidad y futuro. Este es un llamado urgente a autoridades y ciudadanía para frenar esta ilegalidad y proteger lo que sostiene la vida.
