Por Natalia Aguilar.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 confirma una realidad incómoda: en México seguimos sin tomarnos en serio la crisis climática. A pesar de los compromisos internacionales, el presupuesto público sigue privilegiando proyectos de infraestructura ferroviaria, hidrocarburos y seguridad por encima de acciones reales de mitigación y adaptación.
En el Anexo Transversal 16 (AT16), destinado al cambio climático, se contempla una bolsa de 212 mil 569 millones de pesos, lo que representa incluso una reducción del 1.24% real frente a 2025. Lo preocupante no es solo la disminución, sino el destino: SEDENA concentrará el 41.79% de estos recursos, mientras que SEMARNAT recibirá apenas el 3.71%. Es decir, el presupuesto climático está en manos de quienes tienen como prioridad la “seguridad” y no la protección.
Aunque se habla de recursos destinados al “cambio climático”, según la AT15 casi el 70% va a proyectos energéticos que en realidad siguen siendo de corte fósil, como la Refinería de Dos Bocas; donde SEMARNAT, nuevamente, queda relegada: apenas recibe el 2% de los recursos de este anexo, aunque es la única instancia que contempla proyectos explícitos de energías renovables.
Entonces me pregunto: ¿realmente estamos invirtiendo en transición o seguimos financiando el pasado?
El análisis elaborado por CEMDA, Greenpeace, Fundar, OCEANA y otras organizaciones es contundente: los cinco programas que concentran el 93% del AT16 carecen de indicadores claros y no explican cómo contribuyen a reducir emisiones o adaptarnos al cambio climático. En contraste, apenas el 7% de los recursos irá a 42 programas relevantes que sí tocan lo esencial: manejo forestal comunitario, gestión del agua, conservación de Áreas Naturales Protegidas o pesca sustentable.
¿Cómo explicar que un solo programa ferroviario reciba 2.8 veces más recursos que todos esos programas juntos? ¿O que un proyecto militar para una granja solar tenga 9 veces más recursos que todo el presupuesto destinado a la gestión sustentable del agua?
El presupuesto refleja prioridades políticas, no climáticas.
Se financian proyectos de combustibles fósiles mientras se reduce el margen de acción para enfrentar sequías, inundaciones y desplazamiento climático que ya afectan a cientos de miles de personas en el país.
Es cierto que el AT16 incluye algunos avances, como programas con perspectiva de género e interseccionalidad para pueblos indígenas y mujeres. Pero el monto asignado es simbólico: apenas el 0.06% del total del AT16. Una gota en el océano frente a los miles de millones dirigidos a megaproyectos sin sustento climático.
Lo que también es cierto es que el AT16 mostró que gran parte del gasto climático corre el riesgo de ser “lavado verde”. Esto abre otra pregunta: ¿cómo garantizamos rendición de cuentas real, que nos permita confiar en que las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) se traducen en acciones concretas y no en etiquetas vacías?
México se comprometió, en su NDC, a reducir emisiones y alinear su política climática con la ciencia. Pero sin presupuesto, esas metas son solo promesas huecas. La congruencia exige redistribuir al menos el 25% del AT16 y el 15% del AT15 a programas que sí incidan en mitigación y adaptación reales.
El presupuesto 2026 nos muestra que, por ahora, seguimos atrapados en una política energética que privilegia el pasado sobre el futuro. La pregunta es: ¿quién va a pagar el costo de esa decisión?.
