Por Areli Regain
En México, la línea entre el Estado y el crimen organizado no solo se ha desdibujado: ha sido borrada. No hay una guerra contra el narcotráfico, ni un intento real de erradicarlo. Lo que existe es una cohabitación violenta, entre el poder político y las organizaciones criminales. Aquí, la justicia no es más que un espejismo burocrático, donde los números no cuentan historias, sino cadáveres.
El país se desangra, y el Estado no solo ha fallado en su deber de proteger a la ciudadanía: ha participado activamente en la violencia, ya sea por omisión, colusión o incompetencia. No hay democracia cuando los políticos negocian con criminales mientras castigan a la sociedad. No hay Estado de derecho cuando la ley solo se aplica o se accede selectivamente, mientras el crimen, financía campañas y ocupa curules en el Congreso a través de intermediarios con trajes bien cortados.
Un País Fundado en la Narco-Política
Durante décadas, la relación entre el crimen organizado y el gobierno fue una de tolerancia calculada. En el siglo XX, la llamada pax mafiosa permitió que el narcotráfico operara bajo reglas tácitas, con acuerdos entre cárteles y el gobierno que mantenían la violencia en niveles “aceptables”. Pero esa tregua terminó en los años 80 y 90, cuando la fragmentación del crimen organizado desató una guerra entre facciones y profundizando la corrupción institucional.
El Estado reaccionó con la única estrategia que conoce: más violencia. La militarización de la lucha contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, fue una declaración de guerra contra la propia población. Las Fuerzas Armadas, convertidas en policías improvisados, fueron lanzadas a una batalla sin reglas contra enemigos que no solo estaban en los cárteles, sino en los gobiernos municipales, estatales y federales. El resultado fue el esperado: más muerte, más fragmentación criminal, más impunidad.
Los Números e Historias de la Muerte
Las cifras de la violencia son una condena contra el Estado. En el primer semestre de 2024, más de 40,000 homicidios dolosos tiñeron de rojo las estadísticas nacionales. El gobierno presume arrestos aislados mientras los cárteles se reorganizan con la elasticidad de un sistema inmortal.
El desplazamiento forzado es otro crimen sin culpables. En 2021, 29,000 personas fueron obligadas a huir de sus hogares por la violencia, triplicando las cifras del 2020.
Para 2022, 9,200 personas más se sumaron al éxodo de un país en guerra. Hasta finales de ese año, México acumulaba 386,000 desplazados internos. Son pueblos enteros devorados por el crimen, comunidades fantasma que nadie ve porque no aparecen en las postales turísticas.
El reclutamiento forzado de menores es otra de las atrocidades normalizadas. Entre 2005 y 2020, más de 93,000 niños fueron reclutados como combatientes en conflictos armados alrededor del mundo, incluyendo México. Aquí, los niños no sueñan con ser astronautas o doctores: sueñan con sobrevivir.
¿El Verdadero Gobierno de México?
Los cárteles ya no son solo organizaciones, son empresas trasnacionales, ejércitos privados, gobiernos paralelos. Controlan rutas de tráfico de drogas, de personas, armas, gasolina y hasta productos de consumo básico. Cobran “derecho de piso” a pequeños comerciantes con la misma eficiencia con la que manejan inversiones en la Bolsa. Se infiltran en campañas políticas y financian elecciones. No buscan desafiar al Estado, lo han absorbido. El crimen organizado ha diversificado su terror. Secuestros, extorsión, tráfico de órganos, explotación sexual y laboral, minería ilegal, fraude financiero. Venden miedo, y en este país, es la moneda de cambio más valiosa.
Un Estado Diseñado Para la Impunidad
El fracaso del Estado mexicano no es un error, es un diseño. Las instituciones no están hechas para frenar la violencia, sino para administrarla. La impunidad es la norma. La colusión entre políticos y cárteles es un secreto a voces. Los partidos se turnan el poder, pero la violencia no cede. Porque el problema no es un/ apresidente/a en particular, sino una estructura que permite que gobernadores, alcaldes y funcionarios negocien con criminales mientras simulan gobernar. En muchas regiones del país, el Estado de derecho es una broma de mal gusto, las únicas leyes que importan son las que dictan los cárteles.
¿Qué Hacer Ante un País Secuestrado?
El discurso oficial insiste en la militarización, pero la historia ha demostrado que llenar las calles de soldados no soluciona nada. La única estrategia viable es la que nunca se ha intentado: atacar las causas estructurales de la violencia.
México necesita un Estado que funcione para la gente. Un sistema de justicia accesible, restaurativo e interdisciplinario. Políticas públicas que generen oportunidades en lugar de fabricar sicarios.
México ha sido secuestrado. La pregunta no es quién lo hará libre, sino cuándo dejaremos de aceptar la violencia como una normalidad, porque si el crimen organizado sigue gobernando este país, la única resistencia, es la de la ciudadanía que vive la realidad todos los días, lo mínimo, que el Estado puede hacer, es un sistema que reconstruya el tejido social a través de hechos y no de discursos vacíos.
Dejar a un lado la polarización, los beneficios personales y por fin, poderle brindar a la gente esperanza y seguridad. La ciudadanía merece vivir, no sobrevivir.
