Por Luis Jiménez
El pasado 8 de marzo se dio el anuncio de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sobre la fusión de las secretarías de Turismo y Cultura ha despertado un debate fundamental: ¿Cómo garantizar que la promoción cultural no se convierta en una simple herramienta de atracción turística? Si bien la intención es fortalecer la identidad veracruzana y optimizar recursos, esta decisión plantea un reto central: evitar la mercantilización de la cultura y asegurar su reconocimiento como un derecho humano, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cultura: Un derecho, no un producto.
La cultura es más que una serie de festividades, expresiones artísticas o danzas tradicionales, es un entramado de significados, conocimientos y prácticas que dan identidad a los pueblos. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) protege la diversidad cultural como un derecho fundamental, en su artículo 2° establece claramente que los pueblos originarios y las comunidades tienen derecho a conservar sus lenguas, conocimientos y tradiciones, esta disposición fundamental podría ser relegada a un segundo plano si las decisiones culturales son dictadas por la lógica del turismo.
Desde esta perspectiva, la cultura no debe ser reducida a un atractivo turístico, ya que uno de los peligros de subordinar la cultura a la lógica del turismo es su folklorización, es decir, la transformación de las tradiciones en espectáculos diseñados para el consumo externo, despojándolos de su verdadero significado. Cuando una práctica cultural se adapta solo para atraer visitantes, corre el riesgo de perder su esencia y volverse un producto comercial, alejado de sus raíces comunitarias.
El reto de la fusión de Cultura y Turismo en Veracruz radica en garantizar que las políticas públicas prioricen el respeto a los derechos culturales de las comunidades para ello es crucial que las estrategias turísticas no impongan narrativas ajenas ni exploten el conocimiento tradicional sin el consentimiento y participación de sus portadores. Modelos como el turismo comunitario han demostrado que es posible fortalecer la identidad local sin caer en la comercialización excesiva, siempre que las propias comunidades sean las protagonistas de la gestión y promoción de su patrimonio.
El equilibrio entre turismo y cultura es delicado, mientras la Constitución protege el derecho a la cultura, también es responsabilidad del Estado asegurar que su promoción no implique su mercantilización. Veracruz tiene una riqueza cultural invaluable, pero su preservación debe estar en manos de quienes la han construido y vivido.
La cultura no es un souvenir; es un derecho, una memoria y una identidad que debe ser respetada y fortalecida desde las propias comunidades, no solo desde una estrategia de atracción turística.
