Por Guillermo Francisco Antonio Gallardo López
Vivimos en tiempos complejos. Las comunidades exigen cada vez más a sus gobiernos, y estos, a su vez, deben desarrollar una capacidad directiva excepcional para responder a la diversidad de problemas públicos. La apuesta moderna no puede limitarse a la gestión tradicional. La naturaleza de los desafíos actuales, desde crisis de inseguridad hasta incertidumbre económica, exige enfoques de Gobernanza Colaborativa y una coordinación interinstitucional efectiva, capaces de articular redes más o menos estables orientadas a la solución de problemáticas sociales.
En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿cómo puede un gobierno legitimarse ante una ciudadanía hipercrítica y consciente? El politólogo francés Pierre Rosanvallon ofrece la respuesta al plantear tres nociones esenciales para repensar la legitimidad democrática: la imparcialidad, la proximidad y la reflexividad. Estas no describen solo una forma de ejercer el poder, sino una nueva manera de construir la confianza pública desde la acción cotidiana del Estado.
El fin de la legitimidad de origen.
Hoy en día, no basta con la legitimidad de origen, aquella que se obtiene en las urnas. Tampoco bastan los símbolos, un bastón de mando, retratos de funcionarios en oficinas o las flores alrededor del cuello, ni las encuestas de “popularidad” que buscan mantener una ilusión de respaldo.
La verdadera legitimidad no se mide por aplausos, sino por la capacidad del gobierno para incorporar los problemas públicos en su agenda y darles una respuesta efectiva.
Esa legitimidad se construye desde la competencia técnica y la anticipación institucional, mediante modelos capaces de prever crisis y actuar antes de que ocurran: desde políticas de salud pública y prevención, hasta mecanismos tecnológicos y financieros para mitigar desastres. Como bien advertía el politólogo mexicano Mauricio Merino, muchos gobiernos se han quedado cortos en su capacidad de anticipar las futuras problemáticas.
Pretender ser un buen gobernante solo por haber obtenido “n” cantidad de votos es caer en los discursos populistas y obsoletos del siglo pasado, una narrativa que ya conocemos y cuyo desenlace la sociedad mexicana no olvida.
El caso Culiacán: un reto al deber ser
Ante la compleja problemática que atraviesa Culiacán, posicionada según datos del INEGI como la primera ciudad en percepción de inseguridad, resulta necesario reflexionar más allá de las cifras o las pérdidas. Somos conscientes de que ni la sociedad ni los gobiernos estábamos preparados para enfrentar crisis de tal magnitud.
Más que enlistar datos, este texto busca invitar a la reflexión sobre el deber ser de las instituciones públicas y los retos que enfrentan los gobiernos, tanto locales como federales, en un contexto donde la incertidumbre y la desconfianza se han normalizado.
Definitivamente, la coordinación interinstitucional no puede prosperar donde no existe confianza entre los diferentes niveles de gobierno.
Y, por supuesto, la gobernanza colaborativa no puede germinar en un terreno de desconfianza mutua.
La respuesta es clara: sin legitimidad no hay confianza, y sin confianza no hay acción conjunta de Sociedad-Gobierno.
Los tres pilares de la legitimidad social.
1. Legitimidad de imparcialidad.
Es la capacidad del poder para inspirar confianza en la ciudadanía, demostrando que sus decisiones no están guiadas por intereses partidistas o personales, sino por el principio del bien común. En la práctica, es sencillo culpar a los gobiernos pasados o, desde la oposición, caer en el golpeteo político sin propuestas sólidas.
La imparcialidad exige una crítica responsable y con propósito ciudadano.
2. Legitimidad de proximidad.
Implica que las autoridades estén cerca de la problemática, en contacto directo con las comunidades y desde un enfoque de micro gobernanza. No basta con discursos, sino con presencia, empatía y respuesta inmediata. Gobernar desde el escritorio ya no es viable en una sociedad interconectada.
3. Legitimidad de reflexividad.
La más difícil, pues se refiere a la capacidad de aceptar errores, hacer autocrítica y corregir el rumbo. Como señalaba Dale Carnegie, “resulta casi imposible admitir nuestros errores”; sin embargo, la política moderna requiere de esa humildad.
En el ámbito público, la reflexividad se traduce en evaluaciones de desempeño y transparencia, midiendo la eficiencia, eficacia y economía del gasto público. A lo largo del tiempo, los gobiernos han preferido eludir la responsabilidad con narrativas justificativas, pero la autocrítica es el punto de partida de toda mejora institucional.
Conclusión: la legitimidad efectiva
En esta nueva era del ejercicio de gobernar , la única ruta para reconstruir la confianza social es asumir el costo de la autocrítica y de la imparcialidad.
La legitimidad efectiva exige una acción que integre los tres pilares de Rosanvallon. Solo quien es capaz de evaluarse, reconocer sus fallos, ser imparcial y estar genuinamente cerca de la comunidad, no solo regalando despensas o tomándose fotos en inundaciones, podrá construir un gobierno de resultados.
La nueva legitimidad no es un regalo de las urnas, sino la prueba constante de que la imparcialidad, la proximidad y la reflexividad se transforman en soluciones reales, eficientes y medibles para la sociedad.
