Por Sofía González Torres
Los ataques cibernéticos se han convertido en una de las mayores amenazas de nuestro tiempo. En un mundo interconectado, la seguridad digital no es solo un asunto técnico, sino una prioridad estratégica para la protección de la ciudadanía, las instituciones y la economía. México no es ajeno a este desafío y, aunque se han impulsado diversas iniciativas, aún queda un largo camino por recorrer en materia de legislación y cooperación internacional.
En mi labor como legisladora, en especial como presidenta de la Comisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Cámara de Diputados, promoví diversas iniciativas para fortalecer la ciberseguridad en México. Reiteré en diversos foros la necesidad de empoderar a los ciudadanos en su autodefensa digital y abogué por la adhesión de nuestro país al Convenio de Budapest, un tratado internacional clave para combatir el cibercrimen de manera coordinada con otras naciones.
Asimismo, propuse la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, una entidad que debería coordinar la política pública en la materia y establecer protocolos claros para la prevención y respuesta ante ciberataques. La agencia tenía como objetivo centralizar esfuerzos, fortalecer capacidades y promover la cooperación entre los sectores público y privado.
Entre las propuestas legislativas que impulsé, también estuvo la inclusión en el Código Penal de nuevos delitos cibernéticos como la intercepción ilícita de datos, la falsificación informática, el fraude digital y la usurpación de identidad. Además, propuse reformas para actualizar los delitos de acceso ilícito a sistemas y el combate a la pornografía infantil en plataformas digitales.
Hacia una legislación robusta y moderna
México ha tenido múltiples intentos de legislar en materia de ciberseguridad. Desde 2018, se han presentado al menos 11 iniciativas de ley sobre el tema, sin que ninguna se haya concretado.
En 2022, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional evidenció la urgencia de fortalecer la seguridad digital en el país. A raíz de ello, se propuso un borrador de Ley Federal de Ciberseguridad con un enfoque en seguridad nacional, que contemplaba la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, la tipificación de nuevos delitos informáticos y la obligación de realizar pruebas anuales de seguridad en instituciones públicas y privadas. Sin embargo, esta iniciativa sigue pendiente.
La ciberseguridad es un desafío global que exige respuestas inmediatas y coordinadas. México debe modernizar su legislación, fortalecer su capacidad institucional y sumarse a los esfuerzos internacionales como el Convenio de Budapest y la Convención de la ONU. Solo así podremos garantizar la seguridad digital de los ciudadanos y proteger nuestras infraestructuras críticas en la era digital.
No se trata solo de prevenir ataques, sino de crear un ecosistema digital resiliente que proteja a empresas, gobiernos y ciudadanos. La cooperación entre el sector público y privado, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y respuesta, así como la capacitación de la población en buenas prácticas digitales, son acciones clave para lograrlo.
El reto sigue vigente, y es necesario un compromiso real de todos los sectores para avanzar en la construcción de un entorno cibernético seguro y confiable. La ciberseguridad no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión en la estabilidad y el desarrollo del país en la era digital.
