Por: Vaquero González
En Querétaro, el acceso al agua ya no es un derecho. Es un negocio. Y como en todo negocio privado operado desde el poder público, los únicos que ganan son los mismos de siempre: las grandes constructoras, las multinacionales amigas y, por supuesto, los políticos panistas que han hecho del saqueo institucional una práctica de gobierno.
La llamada “Ley de Aguas del Estado de Querétaro”, aprobada por la mayoría panista en 2022, es la culminación de años de corrupción estructural. La ley se cocinó en lo oscurito, sin debate social, sin consulta pública real y, por supuesto, sin transparencia. Diputados de oposición denunciaron que el dictamen les fue entregado apenas unas horas antes de la votación. ¿Democracia? Claro que no. Fue un albazo legislativo hecho a la medida de los intereses empresariales que hoy controlan el recurso más vital para la vida.
El negocio tras el discurso de la eficiencia.
La narrativa oficial, repetida hasta el cansancio por los voceros del gobierno estatal, habla de “modernización”, de “eficiencia operativa” y de “asociaciones público-privadas” como la solución al desabasto de agua. Pero la realidad es otra: El gobierno panista ha convertido la gestión del agua en un negocio garantizado para sus amigos empresarios.
El caso más escandaloso es el de Veolia, la empresa francesa que, desde hace más de una década, opera el Acueducto II. ¿Cuánto nos cuesta esa privatización disfrazada? Alrededor de 50 millones de pesos mensuales pagados por el gobierno estatal. En total, más de 7,200 millones de pesos en 12 años, dinero público que sale de los impuestos de los queretanos y va directo a una empresa extranjera. Todo esto sin auditorías públicas, sin revisión ciudadana y sin un solo informe transparente que detalle los beneficios reales de este contrato.
Concesiones a modo, tarifas abusivas y colonias sin agua Pero Veolia es solo la punta del iceberg. Hoy existen al menos 22 concesiones privadas otorgadas para el manejo del agua en distintos puntos del estado. ¿Quién las otorgó? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué estudios de impacto social y ambiental? Nadie lo sabe. No hay un padrón público completo. No hay transparencia.
Lo que sí hay es una constante: las zonas populares son las que sufren. Mientras los desarrollos de lujo y los parques industriales disfrutan de agua potable sin interrupciones, cientos de colonias viven con baja presión, tandeos y cortes programados que parecen castigos por no poder pagar tarifas cada vez más altas.
El agua en Querétaro ya no se distribuye por necesidad social, sino por capacidad de pago.
Es decir: quien tiene dinero, tiene agua. Quien no, que se espere o que la compre en pipas. La mentira de la sustentabilidad.
Los acuíferos de Querétaro están sobreexplotados, eso no es secreto. La propia CONAGUA ha advertido el riesgo de colapso hídrico en la región. Pero aún así, el gobierno estatal sigue otorgando factibilidades de agua para nuevos desarrollos inmobiliarios… ¿Por qué? Porque detrás de cada fraccionamiento aprobado hay millones en juego. Y detrás de esos millones hay campañas políticas, favores empresariales y cuotas de poder.
No estamos frente a un problema técnico. Estamos frente a un problema político y ético.
El agua en Querétaro está secuestrada por la corrupción azul. ¿Quién va a pagar las consecuencias? La respuesta es sencilla: las familias trabajadoras, las comunidades rurales y la población más vulnerable.
Porque mientras el PAN privatiza, encarece y fragmenta el acceso al agua, los ciudadanos pagan las tarifas, los recortes y la incertidumbre. Hoy más que nunca, Querétaro necesita una política del agua que sea pública, transparente y socialmente justa.
El agua no es mercancía. El agua es vida. Y esa vida no puede seguir en manos de unos cuantoos.
