Por Yezda Mejía
La escena en Miami fue políticamente eficaz: Donald Trump rodeado de líderes latinoamericanos que comparten una narrativa de seguridad basada en la “mano dura”. El lanzamiento del llamado “Escudo de las Américas” se presentó como una iniciativa destinada a combatir a los cárteles transnacionales y, al mismo tiempo, limitar la creciente presencia estratégica de China en el hemisferio.
Sin embargo, para entender el verdadero alcance de la propuesta conviene observar no solo a quienes participaron en el anuncio, sino a quienes quedaron fuera. Las tres economías y actores políticos más influyentes de América Latina México, Brasil y Colombia no se sumaron al proyecto.
Lejos de ser una simple coincidencia ideológica, esta ausencia refleja dinámicas estructurales de política exterior: debates sobre soberanía, evaluaciones divergentes sobre la eficacia de la guerra contra las drogas y, en un plano más amplio, distintas estrategias de inserción internacional en un sistema cada vez más multipolar.
Para México, cualquier arquitectura de seguridad hemisférica liderada por Estados Unidos inevitablemente remite a un tema histórico central: la defensa de la soberanía. La tradición diplomática mexicana influida por los principios de no intervención y autodeterminación ha privilegiado históricamente lo que en teoría de relaciones internacionales se denomina autonomía estratégica: la capacidad de cooperar con grandes potencias sin comprometer el control sobre decisiones clave de política interna.
En este contexto, participar en un mecanismo regional que pueda implicar coordinación operativa o presencia de seguridad estadounidense en territorio mexicano abriría un debate político sensible sobre los límites de la cooperación bilateral. La cautela mexicana responde menos a un desacuerdo puntual con Washington que a una continuidad histórica en su forma de gestionar la relación con su vecino del norte.
El caso colombiano introduce otra dimensión del debate: la evaluación de las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico. Durante más de dos décadas, Colombia fue el principal laboratorio de cooperación en seguridad entre Washington y América Latina, particularmente a través de programas como el Plan Colombia. Si bien estas iniciativas fortalecieron las capacidades del Estado colombiano, también dejaron abiertas preguntas sobre su impacto estructural en la economía global de las drogas.
El enfoque actual del gobierno colombiano busca incorporar herramientas distintas como el desarrollo rural, sustitución de cultivos y procesos de negociación con actores armados dentro de lo que algunos analistas describen como esquemas más amplios de seguridad cooperativa. Desde esa perspectiva, un nuevo esquema hemisférico centrado principalmente en la dimensión militar del problema podría percibirse como una reedición de estrategias cuyo balance sigue siendo objeto de debate académico y político.
En el caso de Brasil, la lógica es fundamentalmente geopolítica. La política exterior brasileña ha buscado históricamente mantener un amplio margen de maniobra entre las grandes potencias, evitando alineamientos rígidos en disputas sistémicas. Esta estrategia se acerca a lo que algunos teóricos han denominado realismo periférico: una forma de inserción internacional en la que las potencias regionales buscan maximizar su autonomía sin confrontar directamente con los centros de poder global.
Como actor clave en agrupaciones como los BRICS y con China como su principal socio comercial, Brasil tiene incentivos claros para evitar iniciativas que puedan interpretarse como parte de una estrategia de contención geopolítica en el hemisferio. Participar en una arquitectura de seguridad asociada a ese objetivo podría limitar su flexibilidad diplomática y su estrategia de diversificación de alianzas.
Las dificultades para construir esquemas regionales de seguridad en América Latina no son nuevas. Desde la formulación de la Monroe Doctrine en el siglo XIX hasta la creación del Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance durante la Guerra Fría, las iniciativas hemisféricas han estado marcadas por una tensión persistente entre el liderazgo estadounidense y la autonomía latinoamericana.
El proyecto del “Escudo de las Américas” parece reactivar esa misma discusión en un contexto geopolítico distinto, caracterizado por la competencia entre grandes potencias, la expansión de actores transnacionales y la fragmentación política regional. La ausencia de México, Brasil y Colombia refleja precisamente esa diversidad de cálculos estratégicos.
Más que un rechazo frontal, la posición del llamado “Big Three” latinoamericano sugiere que cualquier arquitectura de seguridad regional enfrenta hoy límites estructurales si no logra acomodar las distintas visiones estratégicas de los principales actores del hemisferio.
En un sistema internacional cada vez más competitivo y multipolar, los Estados medianos y regionales tienden a priorizar márgenes de autonomía antes que alineamientos automáticos. Desde esta perspectiva, el debate sobre el “Escudo de las Américas” trasciende la cuestión de seguridad inmediata. En el fondo, vuelve a plantear una pregunta recurrente en la historia diplomática del continente: si la seguridad hemisférica debe construirse a partir de liderazgos verticales o mediante arreglos verdaderamente multilaterales.
La respuesta, como sugiere la reacción de las principales potencias regionales, sigue siendo objeto de negociación.
