El conflicto en torno a la Laguna-Bahía de Ohuira y el proyecto industrial que se desarrolla en la región de Topolobampo dio un nuevo paso este fin de semana. Luego de una reunión entre representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales, especialistas y autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Gobierno de México acordó una ruta de trabajo interinstitucional para atender los planteamientos impulsados por colectivos ciudadanos, entre ellos el movimiento Aquí No, que desde hace años mantiene una postura crítica sobre los impactos ambientales y sociales en la zona.
El encuentro se realizó en Los Mochis, Sinaloa, y contó con la participación de dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, además de la Profepa, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Conagua, la Conapesca, la Sader, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación, así como autoridades estatales y municipales.
Durante la reunión, las comunidades expusieron preocupaciones relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua, el saneamiento, la conservación de sitios ambientales estratégicos, la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y los mecanismos de consulta y participación ciudadana en proyectos de desarrollo regional.
Como resultado del diálogo, las partes acordaron cuatro acciones concretas que marcarán la agenda de seguimiento en los próximos meses.
El primer acuerdo consiste en la continuación de las mesas de diálogo, donde se revisarán estudios, información técnica, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas que participan en el proceso.
El segundo acuerdo establece que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizará una inspección actualizada en la zona para verificar el estado actual de las obras y actividades que se desarrollan en el área, así como el cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes. El resultado de esta revisión será presentado a representantes comunitarios y a las dependencias involucradas.
El tercer compromiso asumido por el Gobierno federal es buscar un acercamiento con la empresa responsable del proyecto, con el propósito de abrir canales de comunicación y diálogo entre las distintas partes involucradas.
Finalmente, en el cuarto punto las autoridades federales reiteraron que se respetará el derecho a la manifestación y a la participación de las comunidades, reconociendo la legitimidad de las expresiones sociales vinculadas al debate sobre el futuro de la Bahía de Ohuira.
Durante el encuentro, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, envió un mensaje que fue interpretado por diversos asistentes como una señal de que el seguimiento gubernamental continuará más allá de las autorizaciones otorgadas en el pasado. “Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, afirmó la funcionaria federal.
Aunque la reunión no derivó en la cancelación de proyectos ni en nuevas resoluciones administrativas, sí representa el establecimiento de una mesa formal de seguimiento donde las comunidades tendrán interlocución directa con dependencias federales responsables de los temas ambientales, pesqueros, territoriales y de desarrollo regional.
