Por Juan Antonio Flores
Cuando la política convierte la percepción en sustituto de las instituciones, la democracia comienza a caminar sobre terreno inestable.
Durante décadas se entendió que el poder político debía ejercerse desde las instituciones. La consolidación del Estado mexicano después de la Revolución permitió construir un entramado constitucional destinado a limitar el poder y fortalecer la vida democrática. Hoy, en cambio, pareciera que una parte importante del gobierno se ejerce desde la narrativa. La conferencia matutina denominada “La Mañanera” desplaza con frecuencia el debate institucional; la popularidad pretende competir con la legalidad y, en ocasiones, la percepción termina imponiéndose sobre el procedimiento.
No se trata de un fenómeno exclusivo de México. En prácticamente todas las democracias contemporáneas, la comunicación política ha dejado de ser un instrumento del gobierno para convertirse, en ocasiones, en el gobierno mismo. Sin embargo, esa transformación plantea una pregunta que ningún Estado constitucional puede ignorar: ¿qué ocurre cuando la narrativa pretende sustituir a las instituciones?
La respuesta, en realidad, no pertenece al terreno de la política, sino al del derecho constitucional.
La Constitución no fue diseñada para administrar simpatías, sino para limitar el ejercicio del poder. Ese es el principio fundamental del constitucionalismo moderno: ningún gobernante, por amplio que sea su respaldo popular, puede colocarse por encima de las reglas que él mismo juró respetar. Las mayorías legitiman el acceso al poder; el Estado de derecho determina cómo debe ejercerse.
Montesquieu comprendió esta realidad hace casi tres siglos al advertir que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; llega hasta donde encuentra límites”. De esa premisa nació la división de poderes, incorporada en el artículo 49 de la Constitución mexicana como una garantía para la libertad de las personas y no como un privilegio de las instituciones. Su propósito nunca ha sido obstaculizar al gobierno, sino impedir que el poder se concentre en una sola voluntad.
En los últimos años, el debate público mexicano ha transitado por una peligrosa simplificación. Con demasiada frecuencia, la discusión deja de centrarse en la constitucionalidad de las decisiones para girar alrededor de la lealtad política hacia quien las impulsa. Se responde con descalificaciones cuando deberían ofrecerse argumentos; se desacredita al crítico en lugar de refutar su razonamiento; se confunde el respaldo electoral con un cheque en blanco para gobernar sin cuestionamientos. Ese fenómeno resulta particularmente visible en el México contemporáneo. El movimiento político que prometió una transformación institucional terminó privilegiando, en numerosos episodios, la centralidad del liderazgo político sobre la fortaleza de las instituciones. La deliberación pública fue desplazándose hacia la lógica de “los otros datos”, donde la narrativa adquirió un peso que, en ocasiones, pareció superar al propio marco jurídico. El riesgo de esa dinámica no radica únicamente en un gobierno determinado, sino en el precedente que deja para quienes ejerzan el poder en el futuro.
Esa lógica erosiona la esencia misma de la democracia constitucional. Las instituciones no existen para aplaudir al poder, sino para controlarlo. Los tribunales están llamados a resolver conforme al derecho, no conforme a la popularidad de una decisión. El Poder Legislativo debe deliberar, no limitarse a ratificar. Los órganos de fiscalización deben vigilar, incluso cuando hacerlo resulte políticamente incómodo. La oposición, por su parte, no cumple su función si se reduce a rechazar todo por sistema; su papel consiste en ofrecer alternativas viables, señalar excesos y enriquecer el debate público.
En este contexto, el artículo 1° constitucional adquiere una relevancia particular. Al obligar a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, recuerda que el límite último del poder no es la aceptación social ni la eficacia política, sino la dignidad de las personas. Ningún proyecto de gobierno puede justificar la vulneración de derechos fundamentales bajo el argumento de representar la voluntad de la mayoría.
La historia ofrece suficientes ejemplos de sociedades que confundieron liderazgo con institucionalidad. Los gobiernos fuertes no son aquellos cuyos titulares concentran todas las decisiones, sino aquellos cuyas instituciones permanecen sólidas cuando cambian los gobiernos. La estabilidad democrática no depende del carisma de una persona; depende de la fortaleza de las reglas que todos, incluidos quienes gobiernan, están obligados a observar.
Hannah Arendt advertía que el poder existe mientras las personas actúan conjuntamente dentro de un marco de legitimidad. Cuando ese marco se sustituye por la imposición de una sola narrativa, el poder deja de descansar en el consenso institucional y comienza a depender de la capacidad de controlar el discurso público. Esa transición puede parecer imperceptible, pero representa uno de los mayores riesgos para cualquier democracia.
México necesita gobiernos que comuniquen, pero, sobre todo, instituciones que funcionen. Tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de Claudia Sheinbaum, la comunicación política ha ocupado un lugar central en la agenda pública; sin embargo, ningún discurso puede sustituir a la Constitución ni a los contrapesos democráticos. La fortaleza de una República no se mide por la capacidad de convencer a la opinión pública, sino por el respeto al Estado de derecho, la división de poderes y los derechos fundamentales. Porque las narrativas cambian con cada sexenio, pero solo las instituciones garantizan que nadie, por popular o poderoso que sea, esté por encima de la ley.
