Por Natalia Aguilar
Hace unos días salí de una reunión relacionada con el Acuerdo de Escazú con una sensación extraña, hablamos de participación, representación y acceso a la justicia ambiental. Sin embargo, al terminar, me fui pensando en algo mucho más simple: ¿qué va a pasar con las organizaciones de la sociedad civil en los próximos años?
La pregunta puede sonar exagerada, pero cada vez me cuesta más ignorarla.
Mientras en América Latina crecen los discursos de ultraderecha y se fortalecen narrativas que cuestionan el papel de las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, también parece crecer una idea peligrosa: que estas organizaciones son un obstáculo para el desarrollo. Cada vez es más común leer que reciben financiamiento para detener proyectos, que responden a intereses políticos o que buscan frenar el crecimiento económico. En algunos espacios, defender un río, un bosque o una comunidad parece suficiente para ser etiquetado como radical.
Y eso me preocupa.
Porque más allá de cualquier postura política, las organizaciones de la sociedad civil han sido quienes acompañan comunidades cuando nadie más lo hace. Documentan contaminación, impulsan litigios ambientales, observan consultas públicas y ayudan a traducir el complejo lenguaje técnico para quienes viven directamente las consecuencias de las decisiones que se toman sobre sus territorios.
Pienso en casos como Topolobampo, donde comunidades, pescadores y pueblos indígenas han tenido que aprender términos legales y ambientales para participar en decisiones que afectan su futuro. Independientemente de la postura que cada persona tenga sobre estos proyectos, resulta difícil negar que gran parte del acompañamiento técnico y jurídico ha venido precisamente de organizaciones civiles.
La preocupación no es menor. América Latina continúa siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden la tierra y el medio ambiente. En ese contexto, debilitar a las organizaciones que acompañan estas luchas no significa únicamente cerrar oficinas o reducir presupuestos; significa dejar a muchas comunidades con menos herramientas para hacerse escuchar.
Lo paradójico es que esta situación no puede explicarse únicamente por el avance de la derecha. La izquierda latinoamericana tampoco ha logrado resolver su relación con la naturaleza. Durante años escuchamos discursos sobre justicia social y transformación mientras continuaban avanzando proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura sobre territorios indígenas y ecosistemas frágiles. Cambiaron los discursos y los colores partidistas, pero muchas veces no cambió la lógica de fondo: la naturaleza siguió siendo vista como un recurso para sostener el crecimiento económico.
México tampoco escapa de esa contradicción. Hemos visto una constante reivindicación simbólica de los pueblos originarios, mientras continúan los conflictos territoriales, las consultas cuestionadas y las denuncias de comunidades que exigen una participación real.
A veces me pregunto si estamos confundiendo reconocimiento simbólico con justicia.
Porque una comunidad no necesita únicamente ser mencionada en un discurso. Necesita información, participación efectiva, seguridad y capacidad real para decidir sobre aquello que afecta su territorio.
Quizá dentro de algunos años seguiremos discutiendo si América Latina giró a la derecha o permaneció en la izquierda. Lo que no sé es si para entonces seguirán existiendo las organizaciones, los espacios de participación y las personas defensoras que hoy sostienen buena parte de las luchas ambientales.
Y si desaparecen, no será la naturaleza la única que pierda.
También perderán las comunidades que encontraron en ellas una de las pocas herramientas para hacerse escuchar.
