Por Ericka Cerdas
Hace unas décadas, describir la posición política de alguien exigía más que dos etiquetas. Existían los socialdemócratas, los liberales clásicos, los conservadores, los ecologistas, los sindicalistas, los libertarios. Cada uno operaba con diagnósticos distintos sobre el Estado, la economía y los derechos. Hoy, en gran parte del discurso público, toda esa diversidad se ha reducido a una pregunta: ¿izquierda o derecha? Y de ahí a otra: ¿eres de los buenos o de los malos?
Esto no es casual. Cas Mudde define el populismo como una ideología que divide la sociedad en dos grupos antagónicos: un “nosotros” virtuoso contra un “ellos” corrupto. Ernesto Laclau señaló que el populismo condensa la complejidad social construyendo un sujeto popular unificado que solo se define por su oposición a una élite. Lo que ha generado que el espectro político se aplane.
Cuando un líder populista habla, construye una realidad. Jennifer McCoy, ha mostrado cómo la retórica de las élites moldea el comportamiento ciudadano. Lo que empieza como estrategia de comunicación termina configurando la percepción colectiva. Si el mensaje dominante reduce toda diferencia política a una frontera entre dos bandos, la gente termina procesando la información así. No importa que alguien sea socialmente conservador y económicamente intervencionista, o que defienda el libre mercado y los derechos civiles. En el discurso populista, esas posiciones intermedias no existen.
El mecanismo es deliberado. Matthijs Rooduijn y Tjitske Akkerman, en su estudio de manifiestos partidarios en cinco países europeos, encontraron que el grado de populismo depende de la radicalidad del partido, no de su ubicación en el eje izquierda-derecha. Los partidos radicales, en ambos extremos, emplean un discurso populista mucho más intenso. El eje izquierda-derecha deja de ser una descripción neutra y se convierte en herramienta de polarización. El populismo instrumentaliza esas categorías para forzar una alineación total: o estás con el pueblo o estás con la élite.
La consecuencia es la polarización afectiva. Ya no se trata de discrepar en política pública. Se trata de sentir aversión por quien piensa distinto. Yphtach Lelkes, ha documentado cómo esta animosidad crece porque la gente percibe al otro como una amenaza existencial. Una vez instalada la lógica binaria, el espacio para el reconocimiento mutuo se reduce drásticamente.
La democracia no necesita consenso permanente, pero sí requiere que el conflicto sea resoluble por procedimientos institucionales. Peter Coleman, autor de The Way Out, advierte que cuando la polarización se vuelve tóxica, las partes dejan de diferir en políticas y comienzan a divergir en su compromiso con las reglas democráticas. Si el otro es inherentemente malvado, no tiene sentido negociar con él. La administración pública, que depende de acuerdos transversales, queda paralizada. La gestión del Estado, que requiere continuidad técnica, se ve comprometida. El valor público, que emerge de la deliberación entre intereses diversos, se erosiona.
Pero aquí hay algo que el discurso populista ignora: los moderados no han desaparecido. La investigación comparada en democracias occidentales muestra que la mayoría de los ciudadanos con posiciones en el eje izquierda-derecha mantienen visiones centristas. Estos moderados son políticamente relevantes porque sus votos responden de manera más sensible a la calidad de los candidatos y a la gestión pública. El centro existe, vota y decide elecciones. Lo que pasa es que el ruido del discurso polarizado lo invisibiliza.
El problema no es la existencia de la izquierda y la derecha. Ambas tradiciones tienen historias y contribuciones legítimas. El problema es el reduccionismo: la pretensión de que toda la política cabe en esa única división. Como señala Nadia Urbinati, la construcción del sujeto popular en el populismo es simultáneamente inclusiva y excluyente. Reúne a grupos diversos bajo una misma bandera, pero solo logra esa unidad definiendo a alguien fuera de ella. El resultado es una comunidad política donde la mitad de la población es considerada legítima y la otra, ilegítima.
¿Qué podemos hacer? Jan Voelkel y Robb Willer, de Cornell y Stanford, lideraron un megastudio con más de 32 mil participantes. Encontraron que corregir las percepciones erróneas sobre los valores democráticos del oponente fue la intervención más efectiva para reducir actitudes antidemocráticas. La salida no está en eliminar el conflicto, sino en recuperar la capacidad de reconocer que quien piensa distinto no es, por definición, un enemigo de la democracia.
El espectro político real sigue siendo amplio. Los ciudadanos son más complejos que dos etiquetas. La tarea de quienes creemos en la democracia, en la gestión pública basada en evidencia, es resistir la tentación de simplificar. No se trata de buscar un centro vacuo ni de negar las diferencias. Se trata de reconocer que la política admite matices, que la administración pública requiere acuerdos, y que una conversación democrática saludable no puede funcionar con solo dos micrófonos encendidos.
