Por Alfredo Inzunza.
El pasado 5 de febrero Andrés Manuel López Obrador dio una conferencia desde palacio nacional a la cual acudieron miembros de su gabinete y medios de comunicación principalmente, el objetivo de la conferencia era dar a conocer las iniciativas de reforma que el presidente había mencionado en sus conferencias matutinas “mañaneras” durante las últimas semanas.
No hay que descartar que de estas 20 iniciativas de reforma, algunas pueden ser meramente con fines electorales, pero aún así representan un riesgo, generan cautela, ahuyentan inversiones y sobre todo elevan las probabilidades de cambios en la calificación crediticia de la deuda soberana del país, el oficialismo actualmente carece de votos suficientes en el Congreso de la Unión para aprobar algunas reformas.
Lo que está en juego para el próximo 2 de junio no será solo quien gane la Presidencia de la República Mexicana, sino también la composición de las cámaras del Congreso, en base a ese resultado se jugará el destino del país y conoceremos si AMLO logra cumplir su objetivo de lograr una cuarta transformación.
De las 20 iniciativas de reformas, hay 8 que ponen en riesgo la competitividad del país de acuerdo al IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), pensiones, salario mínimo, educación y empleo, órganos autónomos, poder judicial, político-electoral, agua y energía.
La reforma a pensiones propuesta por el presidente garantiza una tasa de reemplazo del 100%, solo los trabajadores que ganan menos del salario promedio registrado en el IMSS, que en 2023 fue de 16,777.00 MXN mensuales, tendrán derecho a una pensión de 100% de su último salario, a partir de mayo del presente año se creará el “Fondo de Pensiones para el Bienestar” por un monto equivalente a 64 mil 619 mdp, la interrogante aquí es ¿De donde va a salir el dinero?, ya hay un elevado déficit presupuestado para este año equivalente al 4.9 % (5.4% si tomamos en cuenta a CFE y PEMEX), el mayor déficit desde que se tiene medida de este dato, para ser exactos desde 1989, entonces los fondos no pueden ser provenientes de endeudamiento debido a que un mayor déficit pondría aún más presión a las finanzas públicas de México y hay riesgo de recorte en la calificación crediticia de la deuda de México, el día miércoles la secretaría de gobernación Luisa Maria Alcalde Luján en la conferencia matutina del presidente dio a conocer de donde va a crearse el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, el 75% del fondo será creado a partir de:
- Recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
- Liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario.
- Operaciones de la venta de terrenos de FONATUR.
- Cobro de adeudos con ISSSTE, SAT e IMSS.
El 25% restante será a partir de:
- Utilidades de las empresas de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
- Enajenación de inmuebles del ISSSTE.
- Donaciones o aportaciones de personas físicas o morales.
La directora de México Evalúa, Mariana Campos, menciona que algunas de las fuentes de ingresos con las que se integraría el fondo al día de hoy no existen, por ejemplo, que una parte provenga de la rentabilidad de las empresas que están a cargo de Sedena y la Marina, ya que algunas de estas empresas se encuentran en proceso de desarrollo y no se tienen garantías de que sean rentables.
Sin una fuente clara y concisa de financiamiento de un gasto recurrente, la iniciativa de reforma que presentó el presidente va a terminar siendo algo inviable, recordemos que el gasto público en pensiones representa alrededor del 22% del gasto total, traducido a cifras es alrededor de 1.99 billones de pesos.
La reforma político-electoral en parte consiste en “evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y desaparecer a los legisladores plurinominales, esto vendría a reafirmar el poder del grupo dominante electoralmente, lo que deja a partidos políticos con menos representación, el propósito de los cargos plurinominales es evitar que una mayoría pueda tomar decisiones sin considerar a una minoría.
En las elecciones de 2021 Morena y aliados obtuvieron el 42.8% de los votos emitidos para diputados, con dicho porcentaje alcanzaron el 55% de los asientos en San Lázaro, lo que les dio mayoría absoluta pero no calificada, si la iniciativa de reforma planteada por el presidente hubiera estado vigente con ese mismo porcentaje de la votación habrían obtenido el 62% de las curules, 7 puntos más que los que alcanzaron y casi 20% más de la representación obtenida en las urnas. Bajo esa regla, las posibilidades de que el partido más grande obtenga la mayoría calificada en las cámaras aumentan de manera considerable.
Otro ejemplo en 2018, cuando la marca Morena ganó por una amplia ventaja en todo el país, de no existir los cargos plurinominales, los partidos políticos se hubieran quedado prácticamente sin asientos en el congreso y no hubiera existido un contra peso en el poder legislativo.
La reforma al poder judicial la cual consiste en que haya una elección directa de ministros, magistrados y jueces pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial, esto principalmente porque implicaría la politización de procesos que deben regirse por criterios técnicos y objetivos, la posible injerencia de partidos políticos en la impartición de justicia tendría graves consecuencias en un contexto de alta impunidad, esto convertiría a las autoridades del Poder Judicial en representantes de los partidos.
La reforma que tiene que ver con la eliminación de los órganos autónomos es otro gran foco rojo y también pone en riesgo la competitividad de México, las funciones de los órganos autónomos no son transferibles a otras instituciones porque requieren especialización técnica y garantía de gestión independiente principalmente, a continuación hacemos mención de los órganos autónomos que el presidente quiere desaparecer y a que dependencias pasarían sus funciones:
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)- Secretaría de Economía.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)- Secretaría de Economía.
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)- Secretaría de Economía.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)- Inegi.
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)- Secretaría de Educación Pública.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)- Secretaría de la Función Pública, Poder Judicial, Órganos de control de órganos autónomos, Contralorías del Congreso de la Unión e INE para el caso de los partidos.
Eliminar el INAI significa un importante retroceso en materia de #transparencia, y eliminar el IFT sería violatorio del TMEC.
Esperemos que el tema de las iniciativas de reforma termine en lo que sea mejor para México, poniendo los intereses del país primero que los intereses políticos de alguna persona o algún grupo de personas y en dado caso de que no, que dios nos agarre confesados.
