Por Darío Jiménez
Cuando la inercia electoral dicta el presupuesto, como sociedad asumimos la deuda de las decisiones a corto plazo.
Milton Friedman lo dejó clarísimo: “no hay almuerzos gratis”. Pero cada vez que presenciamos el corte de listón de una obra nueva, la narrativa pública suele presentarlo como si fuera un acto de magia presupuestal. La realidad es más fría: la voluntad por sí sola no paga las facturas, y el dinero público tiene un costo de oportunidad altísimo. En las finanzas corporativas, las reglas son objetivas.
Un proyecto de inversión simplemente no recibe inyección de capital si el retorno esperado no supera su costo de financiamiento (ese famoso WACC del que hablan los economistas). Es pura viabilidad operativa: si la iniciativa destruye valor en lugar de crearlo, se descarta. El verdadero reto viene cuando intentamos evaluar el desarrollo público bajo esta misma regla. Resulta que la administración pública, por su propio diseño institucional, opera con una tasa de descuento mucho más compleja y limitante: el reloj electoral.
Mientras el sector privado planea su rentabilidad a 10 o 20 años, el “WACC político” del sistema presiona para que los proyectos generen dividendos sociales y de aprobación en un máximo de tres a seis años. Esta urgencia institucional por el corto plazo distorsiona la toma de decisiones.
A menudo, la viabilidad futura de una obra pasa a segundo plano; la prioridad sistémica se vuelve inaugurar antes de que termine el ciclo de la administración en turno. Ahí es donde nacen las obras de rapidito y dejamos de invertir en la infraestructura crítica que verdaderamente sostiene a nuestras ciudades. Pensemos en un escenario municipal clásico con un presupuesto ajustado.
Se tiene que elegir: o pavimentar la avenida principal, o renovar la red de drenaje que está a punto de colapsar.
Si lo evaluamos estrictamente desde la rentabilidad social, el drenaje salva la ciudad, atrae industria y evita crisis de salud pública. Pero bajo la presión de los tiempos electorales, arreglar tuberías es sumamente complejo: requiere una inversión fuerte, implica abrir las calles (lo que genera fricción natural con la ciudadanía) y, para rematar, es una obra que queda enterrada y nadie ve.
La avenida pavimentada, en cambio, asegura la atención pública y la foto en todos los medios. Para romper esta trampa sistémica, necesitamos madurar tanto la planeación institucional como la exigencia ciudadana. El éxito de la gestión pública no debería medirse por cuántas obras se inauguran hoy, sino por cuántas bases sólidas dejamos para los próximos 20 años. Si queremos transitar hacia verdaderos proyectos de Estado, nos toca dejar de aplaudir lo visible y empezar a respaldar lo necesario, obligando a que la rentabilidad social, por fin, supere a la urgencia electoral.
