Por Juan Antonio Flores Torres
“Pan y circo” decían los romanos. Hoy podríamos llamarlo tendencias, memes o Mundial.
Mientras millones de mexicanos discutían el desempeño de la selección, que si Cristiano Ronaldo será el goleador estrella, que si México se llevará la Copa del Mundo, compartían memes del ya famoso “Pato Merlín” y seguían segundo a segundo el entusiasmo mundialista, una noticia de enorme relevancia política pasó prácticamente desapercibida: el Instituto Nacional Electoral determinó que no existían elementos suficientes para sancionar a Martín López Obrador y a Morena por las presuntas aportaciones prohibidas.
Para muchos, la coincidencia fue eso: una coincidencia. Para otros, fue el ejemplo perfecto de lo que en comunicación política suele llamarse una “caja china”, es decir, un acontecimiento capaz de concentrar la atención pública mientras otros temas políticamente sensibles quedan relegados a un segundo plano. Sea cual sea la interpretación, el resultado fue evidente: el balón ocupó los titulares y la resolución del INE apenas ocupó unas cuantas líneas.
Y es ahí donde comienza el verdadero partido. Los llamados “sobres amarillos” no fueron rumor de un café por la tarde; fueron vídeos que alimentaron un debate nacional y dieron origen a denuncias formales. Precisamente por ello, la resolución del INE debió ocupar más espacio en la conversación pública que la aparición del “Pato Merlín”.
Más allá del resultado, el caso evidenció las dificultades que enfrenta nuestro sistema de fiscalización para esclarecer hechos que, al menos en el terreno político, dejaron una profunda huella en la opinión pública. La resolución del Instituto no solo cerró un expediente administrativo; también volvió a abrir una discusión mucho más profunda sobre la confianza en el árbitro electoral. El INE sostuvo que no existían pruebas suficientes para acreditar las presuntas aportaciones indebidas, pese a que millones de mexicanos viesen los vídeos de los sobres amarillos recibidos por “Martinazo”.
Políticamente, la decisión dejó otra interrogante: ¿el estándar de fiscalización es tan alto que resulta prácticamente imposible acreditar determinadas conductas o, simplemente, seguimos frente a un modelo que llega tarde y con herramientas insuficientes para investigar casos de alto impacto?
La pregunta no es menor. Durante años se prometió una nueva forma de hacer política, distinta a la de los gobiernos que tanto criticó MORENA; sin embargo, se convirtieron en lo que juraron destruir. Se prometió erradicar las viejas prácticas, desterrar la opacidad y colocar la ética pública por encima de cualquier interés partidista. Por eso, cuando un caso de esta naturaleza concluye sin sanciones, el debate ya no gira únicamente en torno a la legalidad de la resolución; gira alrededor de la credibilidad de las instituciones encargadas de vigilar la legalidad electoral.
Y aquí aparece otro ingrediente que alimenta el debate público. Desde la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, diversos analistas, académicos y partidos de oposición han señalado la existencia de un bloque de consejeros cuyas votaciones suelen coincidir con las posiciones impulsadas por el oficialismo. En ese grupo suelen mencionarse a Guadalupe Taddei Zavala, Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Norma Irene de la Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona.
Que exista esa percepción no significa, por sí misma, que sus resoluciones carezcan de sustento jurídico. Pero en democracia la confianza también importa. Un árbitro electoral no solo debe ser imparcial; debe parecerlo.
Cuando una parte importante de la sociedad comienza a cuestionar la independencia del órgano encargado de garantizar la equidad en las elecciones, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte en un problema institucional.
La confianza en las instituciones no se decreta mediante conferencias de prensa ni se construye únicamente con resoluciones administrativas. Se gana cuando las decisiones convencen incluso a quienes no comparten el resultado. Hoy, lamentablemente, el INE parece haber convencido únicamente a quienes ya estaban convencidos desde antes.
Mientras tanto, el país seguía celebrando goles, compartiendo memes y esperando el siguiente partido. Quizá esa sea la mayor ironía de nuestra política contemporánea: las resoluciones que deberían provocar semanas de discusión terminan durando menos que una tendencia en redes sociales. El “Pato Merlín” tuvo más minutos al aire que una decisión con implicaciones para la confianza en el sistema electoral.
No se trata de cuestionar el derecho de toda persona a la presunción de inocencia ni de exigir condenas sin pruebas (los vídeos ahí están). Se trata de exigir instituciones cuya actuación genere la certeza de que el mismo rigor se aplica sin importar el apellido, el partido o el color del gobierno en turno. Porque la legitimidad democrática no se construye únicamente con resoluciones legales; se construye con confianza pública.
Quizá el Mundial termine en unas semanas y el “Pato Merlín” desaparezca de las tendencias. Lo que no debería desaparecer es la discusión sobre la fortaleza de nuestras instituciones electorales. Porque si el espectáculo logra desplazar permanentemente el debate democrático, el verdadero triunfo no será el de ninguna selección nacional, sino el de una ciudadanía cada vez más distraída frente a las decisiones que definen el rumbo de su democracia.
Y cuando el árbitro deja de generar confianza, el resultado del partido deja de ser lo verdaderamente preocupante; lo preocupante es que ya nadie crea en las reglas del juego.
