Por Antonio Flores Torres
“Durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los mantenga a todos en respeto, se hallan en aquella condición que se llama guerra; una guerra de todos contra todos” (Thomas Hobbes, Leviatán, 1651).
Thomas Hobbes escribió esa frase hace casi cuatro siglos. Podría pensarse que pertenece a un mundo lejano, marcado por guerras civiles y monarquías absolutas. Sin embargo, su reflexión sigue siendo sorprendentemente vigente: la existencia del Estado solo encuentra justificación cuando es capaz de ofrecer aquello que los individuos, por sí solos, no pueden garantizar: la seguridad.
No se trata únicamente de proteger bienes materiales o perseguir delitos. Se trata de asegurar que las personas puedan vivir con libertad, caminar por sus calles sin miedo, trabajar con tranquilidad y construir un proyecto de vida sin que la violencia determine sus decisiones cotidianas.
Ése es el fundamento del contrato social.
Por eso, cuando la inseguridad comienza a formar parte de la normalidad, la pregunta deja de ser exclusivamente policial. Se convierte en una cuestión política, jurídica y moral.
Hoy, esa pregunta resuena con fuerza en Mazatlán.
Durante años, el puerto fue presentado como un ejemplo de crecimiento económico, desarrollo turístico y transformación urbana. Nadie puede negar que Mazatlán ha cambiado. Su infraestructura es distinta, la inversión privada ha aumentado y el turismo ha sido uno de los motores más importantes de su economía.
Pero ninguna ciudad puede sostener su desarrollo si pierde aquello que resulta indispensable para cualquier sociedad: la confianza.
La confianza de salir de casa sin preguntarse si será prudente regresar tarde.
La confianza de abrir un negocio sin temor a que la violencia alcance también el patrimonio construido durante años.
La confianza de que un visitante elija este destino no solo por la belleza de sus playas, sino porque sabe que encontrará un lugar seguro para disfrutar con su familia.
Esa confianza no se decreta, se construye. Pero también puede perderse.
Mientras tanto, el discurso institucional insiste en transmitir un mensaje de normalidad. Las cifras, los comunicados y las declaraciones buscan proyectar estabilidad. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre administrar indicadores y gobernar percepciones.
Los ciudadanos no viven dentro de una estadística. Viven en colonias donde escuchan sirenas durante la madrugada. Hablan con comerciantes que reconocen una disminución en sus ventas. Escuchan a prestadores de servicios turísticos expresar preocupación por la reducción en visitantes. Observan cómo algunas familias modifican sus horarios, cancelan actividades o evitan determinados lugares por simple precaución.
No hace falta que un delito toque directamente la puerta de cada hogar para que la inseguridad transforme la vida de una comunidad; basta con que el miedo empiece a condicionar las decisiones cotidianas.
Existe una tentación frecuente en el ejercicio del poder: creer que controlar el discurso equivale a controlar la realidad; sin embargo, esto no es así, puesto que la realidad siempre termina imponiéndose.
Cuando la experiencia cotidiana contradice el mensaje oficial, el problema deja de ser únicamente la inseguridad. Comienza una crisis de confianza institucional. Y recuperar esa confianza suele ser mucho más difícil que perderla.
Mazatlán no necesita discursos más optimistas; necesita diagnósticos más honestos.
Negar una crisis jamás ha sido el primer paso para resolverla. Por el contrario, reconocerla constituye el punto de partida de cualquier política pública seria. La ciudadanía no espera gobiernos infalibles; espera gobiernos capaces de asumir la realidad con responsabilidad, transparencia y decisión.
Porque detrás de cada cifra existe una familia; detrás de cada hecho violento hay una comunidad que modifica sus hábitos; y detrás de cada turista que decide no venir hay cientos de trabajadores que dependen de una economía construida sobre la confianza.
La historia demuestra que las ciudades no se pierden únicamente cuando cambia su gobierno; se pierden cuando sus habitantes comienzan a sentir que el miedo ocupa los espacios que antes pertenecían a la convivencia, cuando la incertidumbre sustituye a la tranquilidad y cuando el discurso público deja de parecerse a la vida cotidiana.
Entonces la pregunta deja de ser retórica y se convierte en un llamado de atención.
Porque una ciudad no pertenece a quien la administra desde una oficina, ni a quien inaugura una obra, ni a quien presume indicadores favorables. Una ciudad pertenece a quienes la viven.
Y cuando esos ciudadanos empiezan a sentir que han perdido la paz, la pregunta deja de ser incómoda para convertirse en necesaria.
