Por Selene Ballesteros
En Puebla y Campeche, la llamada Ley de Ciberseguridad avanza peligrosamente disfrazada de protección emocional. Suena bien en papel: combatir el “ciberasedio” y cuidar la integridad emocional de las personas. Pero basta con leer el Artículo 480 para ver el enorme margen de interpretación y, sobre todo, de censura que encierra:
“Comete el delito de ciberasedio quien a través de las tecnologías de la información… insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
¿Quién determina qué es una ofensa? ¿Qué significa “insistencia necesaria”? ¿Y más preocupante aún: qué se entiende por “injuria”?
Porque mientras muchos están centrando el debate en lo que puede o no interpretarse como un insulto, pocas voces están poniendo el ojo en lo que implica “injuriar”, y eso es sumamente grave.
La injuria, por definición legal y práctica, suele relacionarse con mentiras y por ende daños a la reputación. ¿Qué pasa si el día de mañana el gobierno decide que decir la verdad “daña su reputación”? Un ejemplo muy claro: en innumerables ocasiones, periodistas han confrontado a la presidenta Claudia Sheinbaum con denuncias sobre la falta de medicamentos e insumos en las clínicas públicas. ¿Y cuál ha sido su respuesta? “Tráiganme pruebas”. Como si no fuera evidente el estado deplorable del sistema de salud. Un sistema que no es, ni será, ni siquiera está cerca de ser ese que prometieron “mejor que el de Dinamarca”.
Y aquí es donde debemos prender todas las alertas. Esta ley, lejos de proteger, parece una prueba piloto de cómo podría operar la peligrosa Ley Telecom, esa otra propuesta que busca darle al gobierno facultades para controlar contenidos en internet. Si esta es la antesala, ya sabemos hacia dónde vamos: a un país donde decir la verdad puede considerarse delito.
¿Queremos realmente proteger a las personas del acoso digital? Entonces discutamos leyes claras, con enfoque en derechos humanos, con procesos garantistas, no con armas legales que puedan usarse contra la crítica legítima.
Un claro ejemplo de cómo se está utilizando el término “acoso” como escudo político es el caso del senador Gerardo Fernández Noroña. En la red social X, Noroña bloqueó a Ángel Hernández Hernández, un ciudadano que comentó una de sus publicaciones en 2019, exigiéndole que dejara de pelear y se pusiera a legislar. Hoy, Ángel ha tenido que tramitar un amparo para recuperar el acceso a la cuenta del senador, quien se defiende argumentando que lo bloqueó porque fue “acosado”. Pero, ¿acoso es disentir? ¿Es opinar que no estás haciendo bien tu trabajo como legislador? ¿Es cuestionar cómo se está gobernando al país? Si ese es el criterio, toda crítica se vuelve delito.
Lo que están haciendo Puebla y Campeche no es legislar por el bienestar: es abrir la puerta a un autoritarismo digital que se disfraza de sensibilidad emocional. Y eso, en cualquier democracia, debería alarmarnos.
