Por Rafael Contreras Preza
Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, ha marcado un rumbo agresivo en su lucha contra el narcotráfico, la migración ilegal y el terrorismo transnacional. Sus políticas han tenido un impacto directo en las relaciones con México. En este contexto, las remesas, que representan el 4% del Producto Interno Bruto de México, son un motor clave para muchas familias mexicanas. Sin embargo, este flujo tan vital está en riesgo debido a las deficiencias en la legislación antilavado de dinero del país.
Aunque el T-MEC ha establecido un marco de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero, las políticas nacionales siguen estando desactualizadas y no están alineadas con los estándares internacionales actuales. Las remesas, al no ser correctamente monitoreadas, pueden ser un canal por el que circulen recursos provenientes de actividades ilegales. Esto, en el contexto de un gobierno estadounidense que cada vez se enfoca más en frenar estos delitos, nos obliga a actuar con urgencia.
Por ello, propongo tres propuestas para blindar, en definitiva, las remesas que recibe nuestro país de EE. UU.:
1. Incluir la Recomendación 16 del GAFI (Regla de Viaje) a la Legislación Fiscal Federal:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los proveedores de servicios financieros deben recolectar y conservar información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias, a fin de evitar el lavado de dinero. Esta llamada “Regla de Viaje” es fundamental para garantizar que las transferencias sean rastreables.
Países como el Reino Unido ya han adoptado esta normativa, lo que les ha permitido fortalecer el control sobre las remesas y el uso de activos virtuales. México debe hacer lo mismo, reformando su Código Fiscal de la Federación para incluir esta regla y dar a las autoridades las herramientas necesarias para prevenir transacciones ilícitas.
2. Requerir auditorías constantes del SAT a proveedores de activos virtuales:
Otro paso necesario es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice auditorías periódicas a los proveedores de servicios de activos virtuales, como plataformas de criptomonedas. Estos servicios, al no estar plenamente regulados, son un blanco perfecto para el lavado de dinero. Al implementar una supervisión más estricta, el SAT, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podría detectar patrones sospechosos y evitar que las remesas se utilicen para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado).
3. Mejorar el convenio de intercambio de información fiscal con EE. UU.:
Es crucial realizar una reforma en el convenio de intercambio de información fiscal entre México y Estados Unidos. Actualmente, aunque ya existe cooperación entre ambos países, las nuevas tecnologías de pago, como las criptomonedas, requieren una actualización de este acuerdo para garantizar que las autoridades puedan rastrear las transacciones de remesas en tiempo real. Esto ayudaría a evitar que fondos ilícitos lleguen a México y protegería tanto a las familias que dependen de las remesas como al sistema financiero.
Conclusión
Las remesas son una de las principales fuentes de ingresos de millones de mexicanos, pero también representan una vulnerabilidad en términos de lavado de dinero. Si bien las políticas antilavado en México han sido un avance, aún queda mucho por hacer. Es esencial que se adapten a los nuevos desafíos que presentan las tecnologías de pago y se refuercen los acuerdos internacionales de cooperación. Adoptando reformas clave y mejorando la supervisión de las transferencias, México puede proteger este flujo vital de dinero y garantizar que las remesas sigan siendo una fuente legítima y segura para quienes más lo necesitan.
