Por Natalia Aguilar
En Sinaloa ya conocemos esta historia. Cada cierto tiempo aparece un proyecto que promete cambiarlo todo: llegan las cifras millonarias, las promesas de empleo, los discursos sobre competitividad y la idea de que, ahora sí, llegó el desarrollo que la región estaba esperando. La planta de amoniaco en Topolobampo lleva años ocupando ese lugar. No estoy en contra del desarrollo; estoy en contra de seguir llamando desarrollo a cualquier proyecto que exige sacrificar aquello que dice venir a mejorar.
Después de tantos años de discusión, sigo escuchando cuánto podría ganar la región con este proyecto, pero muy pocas veces escucho cuánto podría perder. Quienes conocemos Topolobampo sabemos que no estamos hablando de un terreno vacío esperando una oportunidad de negocio. Hablamos de una bahía que sostiene actividades pesqueras, de cooperativas que dependen del mar para subsistir, de humedales que sirven de refugio para aves migratorias, de especies marinas que forman parte del equilibrio ecológico de la región y de comunidades cuya historia está profundamente ligada al territorio. Topolobampo no es un espacio disponible en un mapa industrial; es un ecosistema vivo que existe mucho antes que cualquier plan de inversión y que seguirá ahí cuando las promesas económicas de hoy hayan sido sustituidas por otras.
Por eso me cuesta tanto aceptar la manera en que se ha planteado este debate. Con demasiada frecuencia se nos presenta una elección falsa: desarrollo o medio ambiente. Como si cuestionar un proyecto significara estar en contra del progreso. Como si pedir cautela, información y responsabilidad fuera equivalente a oponerse al futuro. La realidad es mucho más compleja. Una inversión puede retirarse, una empresa puede cambiar de estrategia y un proyecto puede mudarse a otro país. Una bahía no tiene esa opción.
Hay además una contradicción política que resulta imposible ignorar. Durante años escuchamos discursos sobre soberanía nacional, sobre la necesidad de reducir la dependencia de intereses extranjeros y sobre la importancia de recuperar el control de las decisiones estratégicas del país. Sin embargo, cuando se habla de Topolobampo, esa conversación desaparece. De pronto, la inversión extranjera deja de ser motivo de preocupación y se convierte en motivo de celebración. No se trata de rechazar una inversión por provenir de Alemania o de cualquier otro país, sino de señalar una inconsistencia evidente. Si la soberanía era un principio irrenunciable, también tendría que formar parte de esta discusión. Y si dejó de serlo, alguien tendría que explicar cuándo cambió la regla.
Lo mismo ocurre con la relación entre este proyecto y los pueblos indígenas. El conflicto relacionado con la consulta al pueblo yoreme no apareció de la noche a la mañana ni fue una sorpresa para quienes han seguido el tema. Las comunidades lo señalaron durante años y los antecedentes estaban a la vista. Por eso resulta difícil aceptar la narrativa de que todos los problemas surgieron de manera inesperada. Si el proyecto era tan positivo para la región, ¿por qué ha enfrentado resistencia social, cuestionamientos legales y preocupación ambiental durante tanto tiempo?
Esa misma pregunta debería dirigirse a quienes elaboraron los estudios que respaldan el proyecto. Una Manifestación de Impacto Ambiental no existe para cumplir un trámite burocrático; existe para identificar riesgos, anticipar conflictos y ofrecer información suficiente para tomar decisiones responsables. Cuando, después de tantos años, seguimos discutiendo aspectos que pudieron detectarse desde etapas tempranas, es legítimo preguntarse quién dejó preguntas importantes sin responder y por qué.
En medio de campañas digitales, propaganda y desinformación, la discusión pública se ha vuelto cada vez más superficial. Por eso es importante escuchar no sólo a quienes militan en una causa, sino también a quienes estudian estos temas desde la ciencia y desde el territorio: ambientólogos, biólogos, oceanólogos, especialistas en impacto ambiental y las propias comunidades que conocen la bahía mucho antes de que se convirtiera en una apuesta industrial.
Sin embargo, la contradicción que más me cuesta entender es otra. Esta apuesta cuenta con el respaldo de una presidenta cuya formación académica está ligada a los temas ambientales. No estamos hablando de alguien ajeno a estos debates ni de alguien que desconozca el valor de los ecosistemas. Precisamente por eso la expectativa era distinta. Si este proyecto fuera impulsado por una administración indiferente a las preocupaciones ambientales, quizá la sorpresa sería menor. Lo preocupante es que el respaldo provenga de alguien que comprende perfectamente los conceptos de sustentabilidad, prevención e impacto ambiental y que, aun así, parece dispuesta a aceptar los riesgos que implica esta ruta de desarrollo.
A estas alturas, honestamente, ya no me interesa lo que prometieron. Me interesa lo que están haciendo. Y lo que veo es que, cuando se trata de megaproyectos, los argumentos terminan pareciéndose demasiado a los de siempre: hay que sacrificar algo hoy para obtener beneficios mañana, las preocupaciones ambientales pueden resolverse después y quienes cuestionan el proyecto son presentados como opositores al desarrollo. Ese discurso no es nuevo. Lo escuchamos durante gobiernos del PRI, lo escuchamos durante gobiernos del PAN y hoy volvemos a escucharlo desde quienes aseguraban representar algo distinto.
A estas alturas, la pregunta ya no es cuánto dinero puede generar una planta de amoniaco. La pregunta es por qué, después de tantos años hablando de transformación, seguimos discutiendo proyectos bajo la misma lógica de siempre. La naturaleza pone el territorio, las comunidades asumen los riesgos y otros terminan quedándose con las ganancias.
Cambiaron los colores, cambiaron los nombres y cambiaron los discursos, pero la naturaleza sigue siendo quien paga la cuenta.
