Por Lcdo. Rafael Contreras Preza
Toda gran transformación institucional enfrenta una segunda prueba: demostrar que sí puede funcionar y en beneficio del Pueblo. Tras la reforma constitucional de 2024 y la elección popular de las personas juzgadoras, la Reforma Judicial entra en una nueva etapa: pasar del cambio normativo a la consolidación institucional.
Por ello, hablar de “reformas a la Reforma Judicial” no implica rectificar su propósito, sino consolidarlo. Una Constitución establece principios; las leyes los desarrollan y la realidad social exige ajustes siempre; pretender que una transformación de esta magnitud pudiera ejecutarse sin modificaciones sería desconocer la naturaleza misma del derecho, así como la realidad social.
La evolución reciente lo confirma. En junio de 2026 se realizaron nuevos ajustes constitucionales al modelo judicial, particularmente respecto del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), incluyendo aspectos de organización, responsabilidad administrativa y evaluación del desempeño. Posteriormente, el TDJ expidió su reglamento interior, dando contenido operativo a una institución que en 2024 apenas existía como diseño constitucional.
Aquí radica una de las claves de la transformación: independencia judicial no significa ausencia de responsabilidad. Quien imparte justicia debe contar con garantías para decidir conforme a derecho, pero también responder por el ejercicio de su función. El nuevo modelo busca precisamente ese equilibrio.
La Dra. Claudia Sheinbaum ha planteado como objetivos de la transformación fortalecer la elección democrática de las personas juzgadoras, consolidar el Tribunal de Disciplina Judicial, reducir los tiempos procesales y establecer mecanismos de evaluación permanente. Por ello, las modificaciones legislativas de 2025 y 2026 deben entenderse como parte de un proceso de consolidación institucional de la reforma judicial. La transformación judicial no es un acontecimiento concluido: es un proceso en desarrollo.
Quienes anticipan su fracaso confunden la necesidad de perfeccionar una reforma estructural con una supuesta debilidad. Las instituciones se construyen, se evalúan y se corrigen para garantizar su consolidación institucional y jurídica. Lo importante es que esos ajustes preserven el mandato constitucional y respondan a las necesidades reales de la justicia.
El verdadero examen de esta transformación será concreto: que las personas obtengan justicia en menor tiempo, que existan controles efectivos sobre quienes la imparten y que el acceso a los tribunales sea cada vez menos distante de la ciudadanía.
La primera etapa fue cambiar el modelo. La siguiente es hacerlo funcionar. Ahí se definirá el verdadero legado de la transformación judicial.
