Economía circular a la mexicana: ¿transición verde o simulacro?
Por Nathalia Aguilar
Está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Economía Circular, una norma nacional que promete modernizar cómo manejamos los residuos en México. Suena bien, pero en un país que genera más de 120 mil toneladas de basura al día y recicla menos del 10 %, es imposible no preguntar: ¿de verdad esta ley cambia algo?
Lo primero que sorprende es la velocidad. Años llevamos esperando reformas urgentes y nada. Pero esta ley sí avanzó en fast track, sin ruido y sin tropiezos. ¿Por qué? ¿A quién le urgía sacarla antes de que terminara el año? ¿Qué intereses tuvieron que alinearse para que algo tan complejo se aprobara tan fácil?.
El discurso oficial habla de “innovación” y “transición verde”, pero el punto clave está escondido entre líneas: el famoso “aprovechamiento energético”. Un término tan ambiguo que abre la puerta a que la incineración y el co-procesamiento se disfracen de economía circular.
Si quemar basura cuenta como “aprovechar”, entonces ¿para qué reducir, separar o rediseñar?
Y la ley deja otras dudas:
- No fija metas claras de reducción en origen. Sin eso, la circularidad es puro lema.
- La responsabilidad del productor queda suave, casi decorativa.
¿Por qué las empresas siguen sin estar obligadas a rediseñar y recolectar lo que generan? - Crea consejos y sistemas… pero sin recursos asignados.
¿Cómo funcionará algo que ni siquiera tiene presupuesto? - Ignora la realidad municipal.
El 75 % de los municipios ni siquiera separa. ¿Cómo van a implementar lo que la ley exige?
Con estos huecos, la duda vuelve:
¿Queremos una economía circular real o sólo una narrativa verde bonita para presumir? ¿Una transición ambiental o la misma historia envuelta en otro empaque?
En un país que entierra o quema casi todo lo que produce, necesitamos una ley que ataque el problema de raíz: menos residuos, menos empaques, más responsabilidad y cero simulaciones. No una que haga ver sostenible lo que no lo es.
La ley está por publicarse. Lo importante ahora es preguntarnos —y actuar en consecuencia—:
¿Vamos a aceptar el greenwashing como política pública o vamos a exigir una circularidad verdadera?
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